¡ALTO A LA VIOLENCIA!

¡ALTO A LA VIOLENCIA!

Un grito desesperado de ayuda se escucha nuevamente resonante en la sociedad tapatía, esta vez ha ido demasiado lejos. La violencia presentada los últimos meses, ha recrudecido de manera alarmante en el Transporte Público del Área Metropolitana de Guadalajara…

Como bien sabemos, el Sistema de Transporte Público de Guadalajara no solo constituye una necesidad básica de la gran mayoría de la población de la Metrópoli, sino que también, es el sustento de muchas actividades urbanas en general. Este servicio público ha sido desde el siglo pasado, uno de los problemas más complejos y de mayor dimensión que aquejan a la ciudad de Guadalajara.
Respecto a esto, tras décadas en donde han predominado las “buenas intenciones” por parte de los gobernantes en turno, para aplicar políticas públicas efectivas que transmuten la realidad local del Transporte Público, hoy siguen prevaleciendo los intereses particulares de quienes, ante la incapacidad y debilidad del Estado, continúan prestando un servicio público con precarios índices de calidad; y esto sin duda conlleva efectos negativos en muchos aspectos, hoy nos concentramos en la inseguridad en el Transporte Público.

Contextualizando.

Podemos decir que en general, se conoce la calidad del Transporte Público por sus atributos de comodidad, rapidez y seguridad. Ahora bien, este último aspecto se ha vuelto un tema relevante desde hace un par de años atrás, ya que una serie de hechos violentos se han suscitado a bordo de las unidades del Transporte Público.
Estos eventos se han dado en ciertos intervalos de tiempo, como ejemplo, podemos interpretar que un ligero decremento se dio a principios de este año, aunque hoy la realidad indica que estos sucesos se han vuelto una “oleada persistente” en la Metrópoli. En lo cotidiano, ya no hablamos de comodidad, ni de rapidez; la necesidad más apremiante que surge en este momento para el Transporte Público es sin duda, garantizar la seguridad para desplazarnos.
En principio, las autoridades presenciaban estos actos como “hechos aislados”, focalizados en ciertos puntos, colonias y zonas con altos índices delictivos; Los célebres Barrios de Analco y San Andrés, junto con el Corredor de la calle Medrano en el municipio de Guadalajara; la Colonia Jalisco y Santa Paula en Tonalá; La “Constí” y Tabachines en Zapopan, Santa Fe en Tlajomulco de Zúñiga, y uno de los más recurrentes; San Martin de las Flores en Tlaquepaque. Todos estos lugares han sido testigos en los últimos años de estos hechos punibles.
Pero ahora, la expansión sin precedentes de esta actividad delictiva tiene con gran preocupación a todos los conductores y usuarios del Transporte Público. La garantía para trasladarse en esta ciudad se está viendo condicionada ante el miedo; ese temor de salir a la calle en donde la autoridad no puede garantizar la seguridad de los ciudadanos, en donde caminar tranquilo se ha vuelto una utopía, se traslada ahora hacia una de las fibras más sensibles de esta ciudad.

Campaña “ALTO A LA VIOLENCIA” por parte del grupo Violencia al Transporte AMG.

Una sociedad insegura, con miedo y renuente, genera un malestar que se puede respirar al momento de utilizar el Transporte Público; jóvenes alertas ante cualquier movimiento extraño, señoras aferradas a sus bolsos, el chofer visiblemente más precavido y tenso durante su jornada laboral, son algunos de los signos que apabullan ciertas rutas de la ciudad.

Modus Operandi.

El momento de ser testigo y afectado por un asalto en el Transporte Público puede pasar en cuestión de segundos. Es simple; no hay horario ni lugar específico.
Un usuario potencial pide la parada al autobús, y en movimientos casi milimétricos y exactos sube los peldaños y al mismo tiempo saca de sus ropas ya sea desde un picahielo, hasta un arma de fuego; lo que sea les es útil a los delincuentes para provocar miedo e incertidumbre a los pasajeros, quienes quedan petrificados ante la escena que tienen frente sí, el chofer de la unidad se ve amenazado ante los insultos y amaños de los ladrones, los cuales le piden que entregue todo el dinero y hasta sus artículos personales, acto seguido piden al conductor que se detenga la unidad en un sitio especifico, donde podrán descender de ella para luego huir.

Sin embargo, esta no es la única forma de atentar contra el Transporte Público; en otros hechos ilícitos documentados, se puede observar como un grupo de hombres en su mayoría jóvenes de 20-35 años de edad, abordan la unidad y exigen que el conductor la apague; mientras uno se encarga de amedrentar al chofer, sus colegas avanzan por el pasillo y hacen recolecta de celulares, carteras, bolsos y cualquier artículo de valor que posean los usuarios, los cuales quedan completamente ensordecidos por el impacto de los hechos que están siendo víctimas.

Estas escenas poco a poco se han vuelto parte de la cotidianidad en el Transporte Público, los crímenes han sido mostrados por los videos de circuito cerrado de las cámaras que tienen las unidades y también por los testimonios de los afectados; estos videos reflejan un incremento acelerado en estos hechos delictivos.

¿Y ahora, quien podrá protegernos?..

El papel de las autoridades ha sido un tanto inútil en garantizar la seguridad en este tema. Saben y tienen conciencia de los puntos clave donde se dan estos atracos y cuentan con información de los posibles perfiles de los delincuentes, ya que ha sido demostrado mediante los arrestos, que los asaltantes incurren en esta actividad delictiva sobre dentro de un área no muy alejada de sus hogares.
Ahora bien, sabemos también que las sanciones interpuestas no son endebles, ya que el sistema penal, tipifica el Robo en una Unidad de Transporte Público en Servicio como robo calificado, por el uso de la violencia en las personas y en las cosas, como lo señala el Art. 236 Fracción I. del Código Penal del Estado de Jalisco. Las penas mínimas son de 5 años de prisión a quien cometa este ilícito, alcanzando sentencias de hasta 10 años. Así mismo, el Código de Procedimientos penales del Estado de Jalisco en el artículo 342, lo considera delito grave y sin libertad provisional bajo caución. La mesa esta puesta para que quienes delincan, sean castigados.

¿Quién tiene la razón?

En recientes declaraciones por parte de las autoridades y transportistas, se dan dos ideas totalmente opuestas respecto a esta situación. Los gremios transportistas donde se incluyen la Alianza de Camioneros A.C. y el Frente Unido de Subrogatarios y Concesionarios del Estado de Jalisco (FUSCEJ), proporcionan datos del orden de 30 asaltos diarios a unidades del Transporte Público en la Metrópoli, lo cual al ser un número tan alto, deja lugar a la duda y la especulación puesto que los transportistas se caracterizan por sobreestimar las cifras.
En contraste, las autoridades de seguridad pública, en este caso la Fiscalía General del Estado, lleva la cuenta de 235 detenciones realizadas desde Enero de 2013 hasta Mayo de 2014 (180 en 2013, 55 en 2014) junto con la microscópica cifra de 6 averiguaciones previas en todo 2014 para delitos de Robo a Transporte Público.

Independiente de la Fiscalía, La policía de Guadalajara por ejemplo, ha detenido a 18 ladrones en 15 asaltos, gracias en parte a las medidas de prevención y reacción, como los operativos realizados con policías encubiertos que abordan las unidades aleatoriamente. Estas medidas se pusieron en práctica desde hace algunas semanas.

Las cuentas no cuadran…

Desde nuestra perspectiva, asumimos que aunque el promedio de asaltos diarios que insisten en señalar los transportistas es alto, teóricamente hay factores que quizá indiquen que no deberíamos juzgarlo negativamente. Para muestra, recordemos las distintas modalidades que existen para los asaltos a Transporte Público; Robo al chofer, robo al chofer y a los usuarios, robo solo a los usuarios e incluso solo a un usuario en particular, etc.

Complementario a esto, en la ciudad tenemos poco más de 270 rutas (con vías y ramales) las cuales operan con alrededor de 5,200 unidades, esto sin contar además las “rutas pirata” o ilegales, que poseen 240 unidades distribuidas en 10 rutas; además se realizan casi 3’000,000 millones de viajes diarios en Transporte Público en la ciudad.
Ahora pensemos que, con tantos puntos y zonas conflictivas identificadas en cuestión de violencia al Transporte Público, con tantas rutas señaladas como víctimas constantes de estos malhechores, agreguemos el factor de todos los casos que no se ven, ni se escuchan puesto que no se denuncian o no son tan cuantiosos; sumado a la falta de seguimiento por parte de la misma autoridad, entonces nos quedan los números reportados por los transportistas, como la aproximación más fiable para cuantificar estos ilícitos.

En conclusión.

El Transporte Público tapatío atraviesa una gran metamorfosis, bien podemos comenzar por asumir responsabilidades, las cuales deberían de ponerse en práctica a la brevedad; a lo largo de este breve texto, una cosa quedo clara, no es cuestión de penalizar aún más este delito; la autoridad necesita nuestra ayuda para denunciar y nosotros la suya para castigar a quien cometa estos crímenes. Finalmente podemos asumir que el robo perpetrado por los asaltantes se dirige en su mayoría al conductor y al efectivo que este maneja. Entonces: ¿Por qué no implementar los procesos de prepago en el Transporte Público y evitar así el manejo de efectivo por parte del chofer (con todos los demás beneficios que esto conlleva)?
Incluso nos seguimos preguntando ¿Por qué la reacción de la autoridad se ve tan obtusa y sin ánimos de ofrecer una respuesta contundente? ¿Qué estamos esperando para actuar? ¿Hasta cuándo resolveremos el problema de violencia en el transporte?

Exigimos con urgencia un Alto a la Violencia y un Transporte Público seguro.

Carlos Aguilar – Michelle Olmedo